Amparos a los maestros, legalidad sobre prepotencia

Por Lisardo Enríquez L.

Lo más recomendable en una sociedad que se precie de democrática, es que los temas públicos, los problemas que enfrenta esa sociedad, se ventilen a través del debate entre los actores involucrados. En cuanto al tema de la educación, están los propios maestros, los padres de familia y los estudiosos del fenómeno, entre otros, de quienes hay que recibir opinión. Miguel Limón Rojas, quien fue secretario de educación pública, dijo en el año 2012: “descalificar a la educación pública por las grandes debilidades que existen, por los muchos asuntos que ameritan reprobación y correctivos no tiene que llevar a desconocer el valor del trabajo que realizan decenas de miles de maestros respetables, que hacen su trabajo responsablemente en las escuelas del país. Esto no puede ser desconocido”.

La forma insultante en que se anunció lo que llamaron reforma educativa, que como ya se sabe fue en un comienzo solamente una reforma estrictamente constitucional, hizo que incluso los profesores más ajenos a la protesta y más dedicados a su labor profesional, salieran a la calle a oponerse a esas maneras impropias de hacer y decir las cosas. Claro que cuando apareció el garrote, los caballos azules, los perros guardianes y los bastones eléctricos, muchos maestros y maestras vejados regresaron a su escuela, guardaron silencio ante la fuerza que los avasalló. Continuaron la lucha quienes tienen una formación política y han participado por años en las lides por la democracia.

Una alternativa que tomaron muchos de ellos ante la cerrazón para escuchar sus demandas fue anteponer un amparo. Pero no se sabía con certeza si ese trámite seguiría su curso. Lo que hasta hace unas semanas se veía es que todas las reformas quedarían intocables a través de un poder omnímodo, visto como algo totalizador, en donde no se veía lo que se da en llamar los tres poderes. Pero el viernes 22 de este agosto se hizo público que el Poder Judicial Federal, a través de juzgados de distrito admitió demandas de amparo en contra de la Reforma Educativa, por lo menos en lugares como Cholula, estado de Puebla y en el estado de Veracruz, correspondiendo a éste último un total de 6,000 maestros amparados.

Desde luego esto aún no termina. A la resolución de los juzgados en esta materia poca difusión se le ha dado. Escasa información ha aparecido al respecto. Un columnista del sur dijo que a estos maestros aunque presenten examen y lo reprueben, la SEV no podrá aplicarles la ley de armonización educativa, y que ni modo. La realidad es que en este sector hay diversos niveles de responsabilidad,  cada uno de los cuales debe verse cómo cumple. No son sólo los maestros de grupo, hay directores, supervisores, jefes de sector, coordinadores, y en la estructura burocrática del nivel de secretaría existen numerosos puestos directivos hasta el más alto nivel de secretario. Todos ellos forman parte de la estructura educativa y como tales deben asumir obligaciones muy específicas sobre lo que es materia educativa empezando por lo eminentemente pedagógico.

Quienes forman parte de la estructura burocrática no sólo deben tener responsabilidad administrativa, ni los supervisores, coordinadores y jefes de sector. Estas últimas tres figuras tienen que asumir su función eminentemente pedagógica asesorando a los maestros de las escuelas, visitándolas constantemente. Hay muchos supervisores que ni siquiera conocen las escuelas a su cargo. Actúan a distancia. Si desde antes esto se hiciera, no habría necesidad de tanta denigración a los maestros de escuela.

De la noticia de los amparos, como dice el maestro Noé de Minatitlán, con quien coincido en su opinión, esto: “coloca a la legalidad sobre los atropellos de la prepotencia de quienes tienen los hilos del poder”. Es decir, esta medida hace que los ciudadanos comunes puedan tener confianza en alguien, que no se sienta como que toda decisión es arbitraria y ahí queda. Muy bien por el Poder Judicial Federal y los juzgados de distrito que admitieron las demandas de los maestros. 

Artículo publicado el 28 de agosto de 2014 en Diario de Xalapa. 

Las reformas "de gran calado"

Por Lisardo Enríquez L.

Durante los gobiernos federales que hubo entre 2000 y 2012, los panistas intentaron hacer una serie de reformas para las cuales tropezaron entonces con la oposición del Partido Revolucionario Institucional (éste en realidad buscó ponerles zancadilla para gobernar más que para evitar las reformas), pero con el gobierno actual (del PRI) y sus “legisladores” encontraron las condiciones que necesitaban.

 Es decir, hay una gran coincidencia entre esos dos partidos políticos tanto en los principios sobre el desmantelamiento de las empresas estatales, los cuales obedecen fielmente a la orientación neoliberal que se acomoda a las líneas de dominación económica de los Estados Unidos, como respecto a los intereses pragmáticos personales y de camarillas de quienes van a incrementar de manera exorbitante sus negocios en materia energética, entre quienes están políticos priístas y panistas así como grupos de empresarios que van por lo suyo.

La sociedad debe exigir que quienes se dediquen a los negocios no participen en cargos y comisiones que corresponden a la función pública. Quienes actualmente están relacionados con los negocios de la gasolina, el petróleo, el gas y la energía eléctrica (hay nombres muy concretos que se han dado a conocer a través de distintos medios) deben renunciar de inmediato a su puesto en el gobierno, en el Congreso o en donde lo tengan. Y esto debe contemplarlo la ley: que son incompatibles los negocios privados con la función pública.

Es una verdadera desvergüenza que ante tanta corrupción los gobernantes de cualquier nivel y signo político hagan como que no pasa nada, como aquel de San Blas que solamente robó poquito y que tendrá una segunda oportunidad para llevarse más de lo que tomó la ocasión anterior. Que conste que este señor es un “pez chico”, los grandes como Granier, Gordillo, el que salió de la cárcel ya en este sexenio casi en calidad de héroe para disponer de sus grandes cuentas multimillonarias y muchos otros que ni siquiera han pisado el reclusorio, han lastimado en lo más profundo a la patria.

De manera que el “gran calado” es éste, la profundidad y la hondura con la que todos estos señores han tomado lo que han podido y lo que han querido, engañando con el cuento de mejorar la condición de todos los ciudadanos. Las “reformas de gran calado” o “reformas estructurales” fueron preparadas para beneficiar a unos cuantos mexicanos de dinero y a grupos de extranjeros, en tanto van en aumento los millones de mexicanos que son cada vez más pobres, los cuales se encuentran entre “Los condenados de la tierra”, como les llamó Frantz Fanon.

Bueno, ni la advertencia de una experiencia en los propios Estados Unidos le ha servido a los apurados reformadores mexicanos. Edmund Gerald Brown, Gobernador por segunda ocasión en California, en reciente visita a nuestro país externó en el Senado de la República que de no regular adecuadamente (con “mano dura”) a las compañías privadas que vienen a invertir en el mercado del petróleo y la electricidad, “se los van a comer vivos”. Y es que en California tuvieron una desagradable colaboración, en particular con la empresa Enron Corporation,  una de las que muy probablemente estarán en grande en México. Un empleado de dicha Compañía reconoció que la empresa le robó a California entre uno y dos millones de dólares al día durante el periodo de crisis.

Cito para terminar unas palabras que el 27 de septiembre de 1960 pronunció el Lic. Adolfo López Mateos, Presidente de la República, con motivo de la Expropiación de la Industria Eléctrica: “Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en los años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”.  

Artículo publicado el 7 de agosto de 2014 en Diario de Xalapa.