Marcha del 10 de marzo de 2016 en Xalapa, Ver.
Tomada de Centro Noticias.
Por
Lisardo Enríquez L.
Nunca como ahora los veracruzanos
estuvieron ante la difícil situación de analizar su futuro inmediato, el futuro
de esta entidad federativa con largas costas en el Golfo de México propias para
la pesca y el turismo, así como una variedad de riquezas naturales y humanas a
lo largo y ancho del territorio. Después de ese análisis se requiere de la
participación más activa de toda la población en las decisiones públicas. Ya no
es posible que un selecto grupo de personas se la pasen haciendo lo que
quieran, si supuestamente representan a grandes conglomerados de personas. Es
por eso que todos los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de ser
también políticos responsables de aquello que es del común.
Se necesitan personas sensatas
y capacitadas verdaderamente para los cargos públicos, personas que centren
cuidadosamente sus juicios antes de actuar respecto a los problemas que se les
presenten, que no arrastren odios y todo se les haga fácil quitando supuestos
enemigos de su camino. Se requiere de personas que demuestren cuáles son sus
bienes, cuando los adquirieron y de qué ingresos disponían cuando se hicieron
de ellos. Se trata de que la población sopese con mucho cuidado a quienes elige
para un cargo público, que no se deje llevar solamente por la propaganda o por
intereses puramente individuales. Se trata de conocer los antecedentes de
quienes buscan poder y saber para qué lo quieren. La gente del pueblo ya no
debe permitir que sigan los mismos, que tomen puestos personas improvisadas que
logran cosas a base de engaños y de dádivas a otros más poderosos que ellos.
La realidad nos avasalla. Hoy
las condiciones de los veracruzanos han ido a menos en cuanto a empleo,
finanzas, productividad, iniciativas y programas de desarrollo real, así como
en relación a los servicios. Los niveles de pobreza son escandalosos en un alto
porcentaje de la población, mientras unos cuantos gozan de recursos económicos
mal habidos.
En un estado civilizado no
deben volver a ocurrir hechos como aquel desalojo de maestros del 13 de
septiembre de 2013 con bastones eléctricos, ni como el protagonizado en Xalapa
y Boca del Río en 2015 con motivo de la evaluación magisterial con policía
montada y grupos de golpeadores vestidos de civil, ni estudiantes universitarios
a los que se les allana su espacio para darles tremenda golpiza, ni el desalojo
a los pensionados que se dio mientras una comisión tenía pláticas de supuesta
negociación, por citar los más salvajes. Ni debe haber ya periodistas o
dirigentes sociales desaparecidos y/o asesinados por autores materiales e
intelectuales no identificados, ni fuerzas de “seguridad” que entreguen a
ciudadanos a los criminales, si es que efectivamente ha sido así. La población
no debe estar expuesta ante quienes no respetan a los demás, al contrario, la
ciudadanía es la primera que debe ser tomada en cuenta para atender necesidades,
problemas y reclamos.
Dicho de otra manera, la
ciudadanía tiene que estar bien informada y ser activa en todo lo que concierne
a las actividades colectivas, porque los representantes, dirigentes o
gobernantes lo son para un conglomerado o para un pueblo, no para ellos mismos
y menos en contra de sus propios representados o gobernados. Es inaplazable
establecer legalmente, antes que nada, la revocación de mandato, para que si
los gobernantes no cumplen estas cuestiones elementales sean relevados del
cargo de inmediato. Así también debe hacerse con otro tipo de representantes y
dirigentes: el que no trabaje para sus representados que se dedique a otra cosa.
Hay que castigar severamente la corrupción, la soberbia y la incapacidad.
Parafraseando a la rectora de
la Universidad Veracruzana al encabezar “la gran marcha”: es mucho lo que nos
deben.
Artículo publicado el lunes 21 de marzo en Diario de Xalapa.
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