Reformas e inconformidad.

Por Lisardo Enríquez L.

Sin que hubiera propuestas de campaña para promover reformas a la Constitución Política y sin que se convocara a la sociedad para analizarlas, el gobierno federal actual las anunció cuando ya era inminente se aprobaran mediante el control de grupos mayoritarios de los órganos legislativos que seguramente recibieron “razones de peso” para hacerlo.  Aun así, se vinieron grandes protestas de inconformidad por esos atropellos a la nación, entre las cuales las del magisterio han alcanzado el más alto nivel de movilización en dimensión geográfica y en el tiempo.

En lugar de compartir estos propósitos con la ciudadanía, es obvio que se hicieron compromisos con los empresarios nacionales y extranjeros, así como con organismos internacionales y funcionarios de gobiernos del exterior con quienes muchos políticos de alto nivel tienen intereses propios. En esto han jugado un papel de primer orden los políticos de la derecha, de quienes Octavio Paz decía en una entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer en 1978: “Es una clase acomodaticia y oportunista. Su táctica, lo mismo en la época de Díaz que ahora, consiste en infiltrarse en el Gobierno. Es una clase que hace negocios pero que no tiene un proyecto nacional”. Se trata, ni más ni menos, de esos diputados, senadores y dirigentes a quienes les urge que ya se aprueben y apliquen las reformas, a costa de lo que sea.

La aprobación de las reformas se llevó a cabo con los recintos legislativos prácticamente blindados, es decir, sin que alguien pudiera interferir, de espaldas a la población, y con la complacencia de los grandes medios de comunicación, los que se encargaron de denostar a los disidentes. Claro, en el caso de la mal llamada reforma educativa, por ejemplo, se trató de satisfacer a la empresa de Mexicanos Primero y a organizaciones internacionales con iguales intereses. No obstante ignorar la protesta y no tomar en cuenta a la población, se repitió hasta el cansancio en los medios que era el sentir de las mayorías y que quienes estaban en desacuerdo no estaban informados.

Esta vez, como en 1968, se ha carecido de sensibilidad y de una política de verdadera negociación interna con los grupos inconformes. Las llamadas mesas de negociación que en algún momento hubo a través de la Secretaría de Gobernación o en instancias estatales, se establecieron solamente para ganar tiempo y para dejar que la gente se desahogara, no para atender los problemas y resolver planteamientos. Con las llamadas reformas “estructurales” la única política real ha sido la de la fuerza: se hacen porque se hacen, no hay nada que lo impida.

Para ganar adeptos se prometieron beneficios a la población: bajar costos de la gasolina y del consumo de energía eléctrica, generar empleos y alcanzar un crecimiento mayor de la economía que por supuesto no se han cumplido ni se cumplirán. Al país ya hace tiempo le dirigen sus destinos económicos los egresados de universidades de los Estados Unidos, quienes ponen en práctica las visiones que allá tienen y sin considerar las condiciones locales. Pero es por esa razón, precisamente, que quienes alaban estas medidas son representantes de organismos y medios internacionales a quienes conviene que así sea, sin tomar en cuenta que millones de personas del pueblo mexicano quedan al margen, como ha ocurrido desde hace decenios, de los beneficios del desarrollo.

Como la inconformidad no le interesa al grupo gobernante, lo que al pueblo le queda es ir organizándose en forma independiente para tomar en sus manos los destinos de la nación. Una de las propuestas en camino es la del congreso popular alternativo. Y como esa medida deben venir otras porque lo único que se ve y se siente es un beneficio para los ricos. Y ya hasta ellos se inconforman.   

Artículo publicada el 30 de junio en Diario de Xalapa.